Disolución y liquidación de las sociedades de capital

La disolución de las sociedades de capital debe realizarse con base en una de las causas que establecen los artículos 360 a 364 LSC.
Las sociedades de capital pueden disolverse de pleno derecho o debido a la existencia de causa legal o estatutaria debidamente constatada por la junta general o por resolución judicial.

La disolución de pleno derecho opera:
1) Por el transcurso del término de duración fijado en los estatutos, a no ser que con anterioridad hubiera sido expresamente prorrogada e inscrita la prórroga en el Registro Mercantil.
2) Por el transcurso de un año desde la adopción del acuerdo de reducción del capital social por debajo del mínimo legal como consecuencia del cumplimiento de una ley, si no se hubiere inscrito en el Registro Mercantil la transformación o la disolución de la sociedad, o el aumento del capital social hasta una cantidad igual o superior al mínimo legal.
3) Por la apertura de la fase de liquidación en el concurso de acreedores.

Las causas legales de disolución son:
1) El cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyen el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese después de un periodo de inactividad superior a un año.
2) La conclusión de la empresa que constituya su objeto.

3) La imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.

4) La paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funciona-miento.

5) Pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.

6) La reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una ley.

7) Cuando el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo de dos años.

8) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.

9) La sociedad comanditaria por acciones se disolverá también por fallecimiento, cese, incapacidad o apertura de la fase de liquidación en el concurso de acreedores de todos los socios colectivos, salvo que en el plazo de seis meses y mediante modificación de los estatutos se incorpore algún socio colectivo o se acuerde la transformación de la sociedad en otro tipo social.
De estas causas, las de pleno derecho opera, de forma automática, en cuanto que no es preciso acuerdo alguno de la junta general. Las demás sí precisan tal acuerdo; con lo que, de no tomarlo efectivamente la junta general (por falta de convocatoria, por no lograrse el acuerdo o por ser éste contrario), cualquier interesado puede solicitar la disolución judicial de la sociedad (art. 366.1 LSC). En tales casos no tiene sentido la continuación de la sociedad, y por eso debe disolverse, aunque la voluntad mayoritaria no lo quiera.
También se reconoce a la junta general la posibilidad de disolver mediante un mero acuerdo tomado a este efecto y adoptado con los requisitos establecidos por la modificación de los estatutos (art. 368 LSC).

1. Causas legales de disolución
1.1 Imposibilidad de conseguir el fin social
La decisión de desguazar los dos únicos barcos de la empresa, sin previsión de ninguna sustitución, implica una imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social (STS 4.07.2007).
1.2 Paralización de los órganos sociales
Constituye paralización de los órganos sociales el caso de una sociedad con dos socios al 50% con discrepancias continuas (SSTS 2.03.1998, 30.05.2007 y 11.04.2011), o dos socios al 50% y 30% con discrepancias continuas y el 20% restante correspondiente a la herencia yacente (STS 7.04.2000).
Es suficiente que la paralización afecte a cualquier órgano. En el caso de la junta se puede tratar de la imposibilidad de ser convocada o constituida, o mediante la imposibilidad de adopción de acuerdos sociales (STS 15.06.2010). En estos casos no se puede exigir el acuerdo de la junta como requisito previo al acuerdo de disolución (STS 15.05.2000). El hecho de que un accionista pueda impugnar reiteradamente los acuerdos no es paralización (STS 28.03.2011).
1.3 Disolución por pérdidas
Para valorar el desequilibrio patrimonial de cara a promover la disolución, los administradores tienen que tener en cuenta el patrimonio limpio (activo menos pasivo) y compararlo con el capital social, siendo la insolvencia equivalente a la total insuficiencia económica para pagar y no a la falta de liquidez pasajera (STS 4.07.2007).
Prevalece la normativa societaria, que permite aumentar y reducir el capital social, por sobre la Ley de Régimen Local (STS 9.03.2007).
Se puede acordar la disolución cuando la sociedad ha sido declarada en suspensión de pagos (RDGRN 17.06.1999).

2. Causas estatutarias
No cabe prever la disolución sin acuerdo de la junta y por decisión del socio público mayoritario (RDGRN 10.10.2010).
3. Concurrencia de la causa de disolución
Se requiere el acuerdo de la junta o la constatación judicial de la concurrencia de la causa (RDGRN 19.09.2005).
No se puede convocar la junta para la disolución por causa legal (art. 363 LSC) y adoptar el acuerdo por voluntad soberana de la junta (art. 368 LSC) (STS 23.07.2010).
4. Acuerdo de disolución
No se pueden reforzar las mayorías ordinarias previstas para la disolución (RDGRN 4.05.2005).
Nota. El acuerdo de disolución de la junta se adoptará con las mayorías ordinarias (art. 364 LSC).
La convocatoria corresponde a los administradores sin perjuicio del derecho que se reconoce a los accionistas que representan el 5% del capital social por solicitar la convocatoria (STS 30.06.1997). Es suficiente que en la convocatoria conste “Disolución de la sociedad”, sin que conste la causa, ni hay que advertir sobre la posibilidad de información previa (RDGRN 21.06.1995). La convocatoria para “Remoción de la causa de disolución forzosa, o en su defecto propuesta de disolución”, no requiere el cumplimiento de los requisitos de convocatoria e informe de los arts. 286 y 287 LSC) (STS 5.02.2008).
5. Disolución judicial
No hay que ir directamente al juez pidiendo la disolución por imposibilidad de cumplir el fin social, es necesario intentar primero la adopción del acuerdo en este sentido (SSTS 23.05.1973 y 28.05.1973), y en el caso de la disolución por pérdidas (STS 14.11.2008).
Una norma de gran importancia práctica es la recogida en el art. 367.1 LSC, conforme a la que si los administradores, existiendo causa de disolución, no procuran ésta (convocando la junta, solicitando la disolución judicial si la jun-ta no acuerda disolver, etc.) o, existiendo insolvencia, no piden la declaración de concurso, responderán solidariamente de las deudas sociales. En numerosos casos se ha apoyado la jurisprudencia en esta norma para hacer responder a los administradores por dejar que la sociedad “desaparezca de hecho” sin realizar las operaciones de liquidación.
1. Disparidad jurisprudencial a propósito de la naturaleza de la responsabilidad de los administradores por falta de disolución
1.1 Responsabilidad basada en hechos objetivos con independencia de un criterio culpabilístico

Formulación general
“Aceptada por la STS 1997.07.15, la naturaleza de pena civil de la responsabilidad solidaria que este precepto impone a los administradores, configurada esta como una responsabilidad casi objetiva por la STS 29 – 4-1999 y entendida por supuesto como una responsabilidad ex lege por las SSTS 1999.11.12, 22.12.1999, 2000.10.30 y 2000.12.20, se rechaza su identificación con la fundada en negligencia, de los arts. 133-135 LSA, para no ser necesaria ni una relación de causalidad entre la omisión de los administradores y la deuda social ni una negligencia diferente de la prevista en el propio precepto, que empezaría en el momento mismo en el que los administradores conocen la situación patrimonial y sin embargo no proceden como dispone el art. 262 (SSTS 1999.04.29, 1999.12.22, 2000.10.30, ya mencionadas), de forma que la mera pasividad de los administradores traería emparejada su responsabilidad solidaria por las obligaciones sociales a manera de «consecuencia objetiva» (STS 2000.04.13) (STS 20.07.2001 y en el mismo sentido, entre otros, SSTS 25.04.2002, 20.10.2003, 17.10.2005, 21.09.2009, 12.03.2010 y 19.05.2011).
No hay que exigir negligencia, ni daño, ni nexo causal (SSTS 2.06.2002, 21.02.2007, 12.02.2009). Si bien en algunas ocasiones se matiza admitiendo una cierta modulación de la responsabilidad en función de la conducta del administrador, pero sin llegar a afirmar que se trate de una responsabilidad civil tradicional (entre otros, SSTS 22.12.1999, 20.12.2000, 20.07.2001, 25.04.2002 y 1.07.2009 que recoge algunas de estas).

Responsabilidad civil tradicional
Formulación general
“Ahora bien, esta caracterización de la responsabilidad no obsta que los principios del sistema que rigen en nuestro ordenamiento jurídico, y en especial la necesaria conexión entre las responsabilidades de la LSA y las reglas generales de los artículos 1902 y siguientes del Código civil ─y la jurisprudencia que los desarrolla─, determinen la necesidad de templar su apreciación y consecuencias, por razón de la valoración de la conducta de los responsables, atendiendo las circunstancias de carácter objetivo y subjetivo concurrentes, y así, esta Sala ha considerado relevante, para mitigar el rigor del régimen de los artículos 262-5 LSA y 105-5 LSRL y para exonerar de responsabilidad al administrador, el conocimiento del acreedor reclamante de la situación económica de la sociedad en el momento de la generación del crédito ─ Sentencias de 16 de febrero y de 28 de abril de 2006, del Pleno─, y, en términos más amplios, su actuación contraviniendo las exigencias de la buena fe ─Sentencia de 12 de febrero de 2003─, la solvencia de la sociedad o la existencia de créditos compensables de la sociedad frente a los acreedores que reclaman ─Sentencia de 28 de abril de 2006, del Pleno─, y se ha atendido también al hecho de que los administradores, a pesar de que tengan que soportar la carga de la prueba, demuestren una acción significativa para evitar el daño, el que se tiene que valorar en cada caso ─en este sentido, vid. Sentencia de 28 de abril de 2006, de Pleno─, o que se encuentren ante la imposibilidad de evitar, por haber cesado antes de que se produzca, el hecho causante de la disolución ─Sentencias de 28 de abril de 2006, de Pleno, y de 26 mayo 2006, entre las más recientes─, o, en términos generales, por haberse encontrado ante una situación ya irreversible ─Sentencia de 28 de abril de 2006. Todos estos casos, expuestos a título meramente enunciativo, contemplan ─en palabras de la Sentencia de 26 de junio de 2006─ situaciones que resultan incompatibles con el concepto de responsabilidad, entendido de acuerdo con los requisitos de la responsabilidad extracontractual en general”. (STS 22.11.2006 y, en el mismo sentido, SSTS 25.04.2005, 28.04.2006, 6.04.2006, 28.04.2006 y 20.02.2007).

Exoneración en determinados casos

Exoneración motivada por la conducta del administrador que intenta evitar el daño (SS-TS 28.04.2006 y 31.01.2007). Serían los casos de solicitud de declaración de quiebra que no se califica de fraudulenta (STS 23.07.2008), o de intentar superar la causa de disolución (SSTS 30.10.2000, 16.12.2004, 20.11.2008, 4.02.2009 y 19.05.2011). También si se han encontrado ante una situación irreversible (SSTS 28.04.2006 y 31.01.2007) o resulta imposible solicitar la disolución (administrador colectivo sin capacidad para convocar la junta y que no sea socio o administradores cesados (SSTS 3.04.2006 y 5.12.2007 y 4.04.2011 respectivamente).
También procede la exoneración cuando el administrador pruebe que no intervino ni conocía el acto lesivo (SSTS 3.04.2006, 26.06.2006 y 23.03.2006). Si bien esta ignorancia nunca exoneraría del incumplimiento de los deberes legales (STS 9.03.2006).
No exonera la petición de suspensión de pagos (STS 1.12.2008 y en el mismo sentido, entre otros SSTS 21.02. 2007, 24.06.2008, 30.06.2010 y 14.07.2010), sí la petición de quiebra (STS 6.04.2006).
Desde la vigencia de la Ley Concursal, sí eximiría de responsabilidad la solicitud de concurso (STS 6.04.2006). Si bien después de la reforma de la Ley 19/2005 con una serie de requisitos (art. 367.1 LC).

Solidaridad
La responsabilidad es solidaria entre la sociedad y los administradores y entre ellos (STS 8.03.2007). La STS 14.07.2010 además extiende la solidaridad a los miembros del consejo de administración, pero solo si se les puede imputar la omisión causante de la asunción de deudas dentro del plazo de la norma, lo cual no sucederá siempre.

3. Cómputo del plazo de dos meses
“Constituye también doctrina constante de esta Sala, recogida, entre otras, en STS de 23 de octubre de 2008; 12 febrero 2010, 14 de julio de 2010, y 10 de noviembre de 2010, que a la hora de determinar la fecha inicial del cómputo del plazo bimensual prevé el artículo 262 TRLSA para la convocatoria de la junta de la sociedad, tiene que estarse al momento en que los administradores, efectivamente, conocen la concurrencia de causa de disolución, o lo habrían conocido de ajustar su comportamiento al de un ordenado empresario ─entre los deberes está el de informarse diligentemente sobre la marcha de la sociedad, según artículo 127.2 TRLSA, aplicable en la fecha en que se produjeron los hechos, y artículo 225.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Solo la casuística ha llevado a la jurisprudencia a fijar este día inicial en la fecha en que los administradores «conocieron o pudieron conocer» la situación de desequilibrio patrimonial (STS de 23 de octubre de 2008), aquella en la que «fue conocida» la situación económica, STS de 30 de octubre de 2000, pasando por la fecha desde la cual el administrador «no podía ignorar» la grave situación de descapitalización de la sociedad (STS de 18 de julio de 2002). En todo caso, como declara la STS de 14 de julio de 2010, la determinación del momento en que se pudo conocer esta situación constituye una cuestión de hecho de la que resulta el examen y valoración de la prueba, función que corresponde al tribunal de instancia y que es ajena al recurso de casación” (STS 19.05.2011 y, en el mismo sentido, SSTS 16.12.2004, 23.04.2006 y 17.03.2011).

4. Relación entre la acción individual de responsabilidad (art. 241 LSC) y la acción del art. 267 LSC
Es posible su acumulación en régimen de concurso ideal (entre otros, SSTS 30.05.2008,

22.03.2006 y 4.06.2008). Matizan esta doctrina las SSTS 14.03.2007, 14.05.2007 y 30.05.2008).

5. Reactivación de la sociedad disuelta
La publicidad que requiere el acuerdo de reactivación es responsabilidad de los administradores y no un requisito previo para poder practicar la inscripción (RDGRN 11.01.2000).

Una vez que opera una causa de disolución, la sociedad entra en liquidación. En esta etapa, no pueden celebrarse nuevos contratos ni se pueden contraer obligaciones, pues la sociedad debe extinguirse. Por esta razón, cesa la representación de los administradores. Las operaciones pendientes y las nuevas necesarias para la liquidación deben ser realizadas por los liquidadores. Salvo disposición en contra de los estatutos o, si no, en caso de nombramiento de los liquidadores por la junta general que acuerde la disolución de la sociedad, quienes sean administradores al tiempo de la disolución de la sociedad quedan convertidos en liquidadores.
Si la disolución ha sido consecuencia de la apertura de la fase de liquidación de la sociedad en concurso de acreedores, no se procede al nombramiento de los liquidadores (art. 376 LSC).
En caso de disolución de sociedad por paralización de los órganos sociales, las STS de 11 de abril de 2011 y 24 de febrero de 2013 han declarado válida la conversión de los administradores en liquidadores sin que proceda su designación judicial aunque falte previsión estatutaria al respecto y acuerdo de la junta general.
La función de los liquidadores es, básicamente, la propia de toda liquidación: realización de las operaciones pendientes, enajenación de los bienes sociales, percepción de créditos y dividendos pasivos y satisfacción de las deudas sociales. Terminada la liquidación, elaborarán un balance final y determinarán la cuota del activo que corresponde a cada socio. Ese balance, así como la propuesta de división, deberá ser aprobado por la junta general (art. 390.1 LSC).
En la sociedad anónima, los accionistas que representen la vigésima parte del capital podrán solicitar del juez de lo mercantil el nombramiento de un “interventor” que fiscalice las operaciones de la liquidación (art. 381.1 LSC).
Los liquidadores otorgarán escritura pública de extinción de la sociedad (art. 395 LSC) y ésta se inscribirá en el Registro Mercantil, cancelándose así los asientos relativos a la sociedad (art. 396 LSC).
La LSC prevé que, una vez cancelada la sociedad, sobrevengan activos o pasivos. Si se trata de activos, se repartirán entre los socios; si se trata de pasivos, los socios responderán (arts. 398 y 399 LSC) hasta el límite de lo recibido como cuota de liquidación.

Liquidación de las sociedades de capital
1. Sociedad en liquidación
La disolución abre un proceso liquidatorio durante el cual subsiste la personalidad jurídica (SSTS 6.07.1961, 11.06.1982 y 23.02.1988) y la obligación de auditoría de las cuentas (RDGRN 9.10.1999).

Las juntas de la sociedad en liquidación tienen un objeto limitado (SSTS 5.05.1965 y 10.03.2001) y no pueden acordar un aumento de capital social (STS 5.02.2003).

2. Cese de los administradores
Nota. “Los liquidadores son responsables ante los socios y los creditores de cualquier perjuicio que les hayan causado con do-lo o culpa en el ejercicio de su cargo” (art. 397 LSC).
No implica revocación de los poderes (STS 24.03.2008 en este caso del procurador).
3. Liquidadores
Se aplica a los liquidadores el mismo plazo de prescripción de cuatro años que se aplica a la acción individual contra los administradores (STS 3.10.2008).
La falta de acuerdo de la junta por su nombramiento da lugar a la designación judicial pero no a la conversión del administrador en liquidador (STS 30.05.2007), ni hay que imponer al administrador que dimite el cargo de liquidador (STS 23.06.2011).
El liquidador ostenta la representación de la sociedad (STS 10.03.2001).
4. Operaciones de liquidación
Se pueden realizar operaciones que permitan una mejor conservación o un incremento patrimonial (STS 8.02.2008).
5. División del patrimonio social
Hace falta el pago previo o el aseguramiento de todas las deudas (RDGRN 16.07.1998). No es posible un reparto anticipado efectuado de manera indirecta (RRDGRN 22.05.2001 y 23.07.2001). Es posible la reversión al socio entidad pública de ciertos bienes aportados por él (RDGRN 10.10.2011).
6. Extinción de la sociedad
No hay que acreditar el acuerdo de la junta de aprobación del balance final en la escritura pública (RDGRN 13.10.2004).
La responsabilidad de los administradores después de la cancelación se sujeta a los principios clásicos de la responsabilidad, acción u omisión, daño y nexo causal (STS 18.04.2011). Se trata de una responsabilidad extracontractual y se aplica el correspondiente plazo de prescripción (STS 2.10.1999). La STS 3.10.2008 aplica el plazo de prescripción de cuatro años.
Activo y pasivo sobrevenido: la inexistencia de bienes da lugar a la cancelación registral sin perjuicio de que puedan aparecer bienes sociales no tenidos en cuenta (RRDGRN 13.04.2000 y 29.04.2011).

 

  • Abogado
    Ruyman García Castro

    Colegiado n° 44.750 del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona
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