La publicidad legal: el Registro Mercantil

La seguridad del tráfico mercantil llevó, tiempo atrás, a prever instrumentos que permitieran conocer al público la identidad de los comerciantes y sus circunstancias, así como las de sus representantes. La publicidad se denomina “legal” porque su contenido y efectos se determinan por la ley.

La publicidad legal se desarrolla en derecho español principalmente por medio del Registro Mercantil, institución que goza de gran arraigo, puesto que aparece ya en el Código de comercio de 1885, si bien con el antecedente de la “matrícula de comerciantes” prevista por el de 1829.

El Registro Mercantil, si bien no es una institución nueva en nuestro ordenamiento, sí lo ha sido en otros países de la Unión Europea, que se han visto obligados a crear figuras semejantes motivados por las directivas comunitarias en materia de sociedades que han impuesto un registro de sociedades y empresas.

Los principales aspectos en los que el derecho comunitario ha incidido en la regulación española del Registro Mercantil son: a) el depósito y publicidad de los documentos contables; b) el nombramiento de auditores de cuentas; c) la necesidad de que se publique un periódico público, el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), que dé difusión a los datos que se consideran más relevantes de los inscritos en el Registro. Esta sea quizás la incidencia más destacable.

Concepto y estructura del Registro Mercantil

El Registro Mercantil es un registro público que depende de la Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN) que, a su vez, depende del Ministerio de Justicia. Se regula en el título II del libro I CdeC (arts. 16 a 24, ambos inclusive), desarrollado por el actual Reglamento del Registro Mercantil (RRM) de 19 de julio de 1996, que ha sufrido numerosas modificaciones posteriores (actualmente, está pendiente de aprobarse un nuevo texto que se adecúe a la nueva LSC). Esta normativa lo configura como registro público no solo por tratarse de un organismo administrativo encargado a profesionales que acceden al cargo por oposición (registradores de la propiedad y mercantiles), sino también por estar abierto a cualquier interesado que quiera conocer la información que contiene y, especialmente, porque su documentación puede constituir prueba plena de su contenido. Las diversas reformas que han afectado al Registro Mercantil lo han ido acercando progresivamente a la regulación y funcionamiento del Registro de la Propiedad.

Así, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 23.1 CdeC, la publicidad del contenido del Registro Mercantil “se hará efectiva por certificación del contenido de los asientos expedida por los registradores o por simple nota informativa o copia de los asientos y de los documentos depositados en el Registro”. Y “la certificación será el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos del registro”. Esto, sensu contrario, significa que dicha certificación hace fe pública de la información registral, a todos los efectos tanto civiles como procesales.

Contenido complementario

A diferencia de la “publicidad comercial”, que se realiza por voluntad del empresario/anun-ciante, la “publicidad legal” es obligatoria y debe desarrollarse de acuerdo con lo legalmente previsto.

Existe, no obstante, una diferencia esencial entre ambos registros. El de la propiedad tiene carácter “objetivo”, y el mercantil, “subjetivo”. De este modo, si bien ambos se rigen por un “sistema de hoja” en la que, una vez abierta, se van presentando los sucesivos asientos para su inscripción, en el Registro de la Propiedad la hoja se abre para cada finca, y son las vicisitudes de la misma las que se van anotando, mientras que el Registro Mercantil se rige por el sistema de “hoja personal” (art. 3 RRM). En otras palabras, quien se inscribe en el RM es el empresario, no su(s) empresa(s) o su(s) establecimiento(s).

El Registro Mercantil está integrado por cada Registro Territorial y por el Registro Mercantil Central. El Registro Mercantil Central tiene su sede en Madrid.

Al Registro Mercantil Central le corresponden las siguientes funciones:

a) La ordenación, tratamiento y publicidad meramente informativa de los datos que re-ciba de los registros mercantiles;

b) El archivo y publicidad de las denominaciones de sociedades y entidades jurídicas;

c) La publicación del BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil);

d) La llevanza del Registro relativo a las sociedades y entidades que hubieren trasladado su domicilio al extranjero sin pérdida de la nacionalidad española;

e) La comunicación a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las comunidades europeas de los datos a los que se refiere el artículo 14 del Reglamento CE 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la sociedad anónima europea (art. 379 RRM).

A excepción de las entidades domiciliadas en el extranjero, la llevanza de los asientos registrales, con todos sus efectos, corresponde a los RM territoriales. Como regla general, hay un RM por provincia, con sede en la capital de la misma y circunscripción a todo su territorio (cfr. art. 16 RRM). La competencia registral se determina por el domicilio del sujeto inscribible (art. 17 RRM).

Los principios registrales

Los principios registrales hacen referencia a una serie de reglas generales que rigen el funcionamiento del RM desde el punto de vista material. Es la materia esencial de su regulación al determinar el carácter y los efectos de las inscripciones que se practican en él. El RRM da nombre y sistematiza estas reglas también en el Código de comercio (arts. 16 a 24 CdeC) de donde proceden.

a) Principio de obligatoriedad de la inscripción

Señala el artículo 4.1 RRM: “La inscripción en el Registro Mercantil tendrá carácter obligatorio, salvo en los casos en los que expresamente se disponga lo contrario”.

Más que una obligación, la inscripción en el RM es un deber jurídico cuyo incumplimiento genera efectos perjudiciales para el “obligado”. Los sujetos que deben inscribirse en el RM son los empresarios individuales, las sociedades mercantiles, las entidades de crédito y de seguros, las sociedades de garantía recíproca, las instituciones de inversión colectiva, los fondos de pensiones, las agrupaciones de interés económico y las sociedades civiles profesionales. Y, cualesquiera otras personas naturales o jurídicas cuando lo así lo disponga la ley.

b) Principio de titulación pública

Significa que la inscripción en el RM se ha de practicar mediante documento público, sin más excepción que las que puedan preverse legal o reglamentariamente (art. 5 RRM).

c) Principio de legalidad

Supone que lo que acceda al RM haya de ajustarse a la ley, en su sentido más amplio. De ahí que los registradores hayan de calificar todos los documentos que se presenten para su inscripción, en su forma, en la capacidad y legitimación de los que los otorguen o suscriban y en la validez de su contenido (art. 6 RRM).

La calificación del registrador puede conllevar la denegación de la inscripción si considera que el documento adolece de defectos formales o materiales (arts. 58 y 59 RRM). Contra la calificación negativa se puede interponer recurso de reposición en el plazo de dos meses, desde la fecha de la nota de calificación (art. 69 RRM). Si el registrador mantiene total o parcialmente la calificación negativa, cabe recurso de alzada ante la DGRN dentro del plazo de un mes desde la fecha de notificación del acuerdo de aquel. La resolución de la DGRN pone fin a la vía administrativa y da paso a la vía judicial. La Ley orgánica para la reforma concursal, de 9 de julio de 2003, atribuyó la competencia a los juzgados de lo mercantil.

d) Principio de legitimación

Significa que el contenido del RM se presume exacto y válido. Los asientos registrales producen todos sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad (art. 7 RRM).

Esta regla no supone que cualquier modificación del contenido del RM haya de hacerse mediante resolución judicial. Así, por ejemplo, la modificación de los estatutos de una sociedad, la revocación del poder de un factor, son cuestiones que se tramitan por los interesados por la vía ordinaria correspondiente.

El principio de legitimación complementa el de legalidad, de manera que lo que el registrador califica como legal se reputa como tal mientras por vía judicial no se establezca lo contrario. El mismo artículo 7 RRM establece que la inscripción no convalida los actos y contratos que sean nulos conforme a la ley.

e) Principio de fe pública

Con este principio, se hace referencia a que la declaración de inexactitud o de nulidad de los asientos del RM no perjudica los derechos adquiridos por terceros de buena fe en virtud de actos o contratos que resultan válidos de acuerdo con el contenido de aquel (art. 8 RRM). Se trata de una de las más importantes reglas a efectos de la seguridad jurídica. Quien contrata con quien aparece como responsable en el Registro puede tener la confianza de que esa apariencia se va a respetar.

f) Principio de oponibilidad

De acuerdo con este principio, el contenido del RM se presume conocido por todos, de ahí que el empresario pueda hacerlo valer frente a quienes pretendan ignorarlo. No obstante, a partir de la reforma de 1989, la oponibilidad no se liga tanto a la inscripción como a la publicación del acto inscrito en el BORME. Además, durante los quince días siguientes a la publicación, los actos no serán oponibles a terceros que prueben que no pudieron conocerlos. La oponibilidad desde la publicación no juega frente a terceros “de mala fe”, que son quienes conocían el hecho no inscrito o no publicado: si el empresario prueba que un tercero lo conocía podrá oponérselo.

g) Principio de prioridad

Esta regla hace referencia a la prioridad temporal, de modo que el documento que accede primero al registro tiene preferencia de inscripción sobre cualquier otro que acceda con posterioridad. Igualmente, inscrito o anotado con carácter preventivo cualquier título, no puede inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte incompatible con él (art. 10 RRM).

h) Principio de tracto sucesivo

Con esta regla se quiere significar que toda inscripción en el RM debe traer causa de una anterior hasta llegar a la primera inscripción del empresario. Por ello, la inscripción de actos o contratos relativos a un sujeto requiere la previa inscripción del mismo; la de actos o contratos modificativos o extintivos de otros, la de estos; la de actos o contratos celebrados por apoderados o administradores, la de estos últimos (art. 11 RRM).

 

Otras funciones del Registro Mercantil

Si bien la función principal del RM es la inscripción de los sujetos previstos y la de sus actos y contratos también previstos por la ley (cfr. art. 16.1 CdeC), el artículo 16.2 CdeC también establece como funciones propias del RM la legalización de los libros de los empresarios, el depósito y la publicidad de los documentos contables “y cualesquiera otras que le atribuyan las leyes”. Dentro de estas últimas, se hallan el nombramiento de expertos independientes para la elaboración de un informe sobre las aportaciones no dinerarias a sociedades de capital y el nombramiento de auditores de cuentas en los casos previstos por la ley.

El Registro de Bienes Muebles

Si bien, tal y como se ha señalado, el Registro Mercantil es el principal instrumento de la publicidad registral, no es el único. Existen diversos registros especiales en los que han de inscribirse los empresarios dedicados a determinadas actividades en las que la intervención administrativa es mayor (por ejemplo, del Banco de España depende un registro de las entidades de crédito sometidas a su supervisión, y de la Dirección General de Seguros, el de las entidades aseguradoras). La doctrina suele considerarlos meros “registros administrativos”, en el sentido que tienen una utilidad principalmente regulatoria y supervisora y sus funciones y efectos son de mucho menor calado que los del RM, en el que todos esos sujetos han de estar inscritos previamente.

Sí tiene, en cambio, consideración de registro público el Registro de Bienes Muebles (RBM) que, de alguna manera, es complementario del Registro Mercantil. El RBM fue creado por el RD 1828/1999, de 3 de diciembre de 1999, aprovechando la creación del Registro de Condiciones Generales de la Contratación.

El RBM está organizado del mismo modo que el Registro Mercantil. Así, existe un RBM Central y Registros provinciales. Cada uno de ellos tiene las siguientes secciones:

a) Buques y aeronaves;

b) Automóviles y otros vehículos de motor;

c) Maquinaria industrial, establecimientos mercantiles y bienes de equipo;

d) Otras garantías reales;

e) Otros bienes muebles registrables;

f) Registro de condiciones generales de la contratación.

Se trata, por tanto, de un registro de carácter mixto, si bien con predominio de la parte “objetiva”. De otra parte, no existe un reglamento único del RBM, sino que cada una de sus secciones se rige por sus propias normas.

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