La sociedad de la información

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y en especial Inter-net, además de facilitar el acceso a las producciones jurídicas (boletines legislativos, bases de datos de doctrina y jurisprudencia), actualizan y dinamizan las instituciones jurídicas y, en especial, las mercantiles.

Ahora bien, el uso de las TIC también supone la aparición de problemas jurídicos nuevos a los que ha de darse una solución. Estos problemas derivan principalmente de la desaparición del soporte material de los documentos (papel) y de la correlativa imposibilidad de incorporar la firma manuscrita. Dentro del ámbito del derecho mercantil, interesa especialmente el estudio de los aspectos relacionados con el comercio electrónico y los remedios a la incertidumbre que genera el empleo de la Red en las transacciones electrónicas. De ello se ocupan diferentes normas, de las que destacan dos en el derecho español, que son la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica (LFE) y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica

Cuando el comercio se realiza por medios electrónicos, especialmente por medio de una red global y abierta como Internet, es necesario que jurídicamente quede asegurado:

a) que el mensaje proviene de la persona que se dice que lo envía (autenticación o autoría);

b) que el mensaje no ha sido manipulado (integridad);

c) que la persona que lo envía no pueda negar haber enviado el mensaje, ni la persona destinataria pueda negar haberlo recibido (no repudio);

d) que, en su caso, el mensaje sea confidencial.

Pues bien, el cumplimiento de estas exigencias jurídicas de autenticación, integridad, no-repudiación y confidencialidad se puede conseguir mediante diferentes aplicaciones técnicas. Entre estos sistemas, se encuentra también la firma electrónica o digital, que está basada en la criptografía asimétrica. Este concepto y las garantías que se tienen que cumplir para que los dispositivos de creación de firmas se puedan considerar seguros se regulan en la Ley de Firma Electrónica.

Enlace recomendado
Podéis consultar los prestadores de servicios de certificación de Firma Electrónica en: https:// sedeaplicaciones2.minetur. gob.es/prestadores/

Identificación electrónica

Técnicamente, existen varios medios de identificación electrónica: desde los sistemas más simples, como el password o palabra clave, hasta los más complejos, basados en técnicas biométricas (lectura del iris, huella digital, etc.).

La denominada por la LFE firma electrónica reconocida equivale a la firma manuscrita, dado que permite autenticar y preservar la integridad de las transacciones y documentos (además de conseguir el no-rechazo en origen). Para ello, y dado que el sistema de firmas electrónicas está basado en claves públicas o datos de firma, resulta indispensable la intervención de las autoridades de certificación (prestadores de servicios de certificación) que emiten certificados que permiten asociar de forma segura la identidad de una persona concreta con una determinada clave pública.

La LFE regula también el documento electrónico, que es la información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico, según un formato determinado, y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. Atendiendo a la misma naturaleza que los manuscritos, los clasifica en públicos, administrativos (firmados electrónicamente por funcionarios que tienen la facultad de dar fe pública, judicial, notarial o administrativa, o por funcionarios o empleados públicos, siempre en el ejercicio de sus funciones) y privados. Estos documentos tienen el mismo valor y eficacia jurídica que los documentos manuscritos y sirven de prueba documental en juicio.

DNI electrónico

El documento nacional de identidad electrónico, que también regula la LFE, es el documento nacional de identidad que acredita electrónicamente la identidad personal de su titular y permite la firma electrónica de documentos (art. 15 LFE).

La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico

La LSSICE ha comportado una nueva regulación global de la contratación electrónica. El objeto de esta ley es establecer el régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica en lo referente a las obligaciones de los prestadores de servicios (incluidos los que actúen como intermediarios en la transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones), las comunicaciones comerciales por vía electrónica, la información previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos, las condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen sancionador aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información (art. 1 LSSICE).

Son servicios de intermediación la provisión de servicios de acceso a Internet, la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, el alojamiento en los propios servidores de datos, aplicaciones o servicios suministrados por otros y la provisión de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Internet.

LFE
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas ha introducido modificaciones en la LFE.

En el anexo de definiciones, la LSSICE incluye la definición de:

Servicios de la sociedad de la información (SSI): todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario.
En este concepto se incluyen también los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios. Son SSI, entre otros y siempre que representen una actividad económica:

1) la contratación de bienes o servicios por vía electrónica;

2) la organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales;

3) la gestión de compras en la Red por grupos de personas;

4) el envío de comunicaciones comerciales;

5) el suministro de información por vía telemática (por ejemplo, lo que hacen los diarios o las revistas que se pueden encontrar en la Red).

No tendrán la consideración de SSI, en particular, los siguientes: los servicios prestados por medio de telefonía vocal, fax o télex; el intercambio de información por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente para fines ajenos a la actividad económica de quienes lo utilizan; los servicios de radiodifusión televisiva (incluidos los servicios de cuasivídeo a la carta, los servicios de radiodifusión sonora y el teletexto televisivo y otros servicios equivalentes, como las guías electrónicas de programas ofrecidas en las plataformas televisivas.

Como se observa, la ley recoge un concepto amplio de servicios de la sociedad de la información. Estos servicios son ofrecidos por los operadores de telecomunicaciones, los proveedores de acceso a Internet, los portales, los buscadores o cualquier otro sujeto que disponga de un sitio en Internet por medio del que lleve a cabo las actividades indicadas, incluido el comercio electrónico.

El Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo

El Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, ha aprobado la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas. Estos derechos son, además de los reconocidos por el TRLGCU, el de obtener una conexión a la red telefónica pública desde una ubicación fija, a celebrar contratos y rescindirlos, así como a cambiar de operador de forma segura y rápida con conservación del número telefónico, a la información veraz y actualizada sobre las condiciones ofrecidas por los operadores, a recibir servicios de comunicaciones electrónicas con garantías de calidad, a la continuidad del servicio, y a una indemnización en caso de interrupciones, a una facturación desglosada, a la desconexión de determinados servicios y a elegir el medio de pago, a una atención eficaz por el operador, a unas vías rápidas y eficaces para reclamar, a prestaciones especiales para personas con discapacidad y de renta baja, a una especial protección en la utilización de servicios de tarificación adicional y a la protección de los datos de carácter personal (art. 3 de la Carta).

La regulación sustantiva de la LSSICE, en lo relativo a la prestación de servicios de la sociedad de la información, es bastante reducida. Así, se establece el principio de libre prestación de los servicios y los límites de esta libertad (la salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional; la protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversores; el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, y la protección de la juventud y de la infancia). Se fija una serie de obligaciones generales de los prestadores de SSI en materias como la información que han de suministrar de sí mismos o los deberes de colaboración con las autoridades. Se regula de manera somera las comunicaciones comerciales y el comercio electrónico. Se establecen importantes exenciones de responsabilidad en la prestación de servicios de intermediación por los contenidos de terceros. Finalmente, se prevé el régimen sancionador por incumplimiento de las obligaciones legales. Es importante destacar que la LSSICE excluye expresamente de su ámbito de aplicación los servicios prestados por notarios y registradores de la propiedad y mercantiles en el ejercicio de sus funciones públicas, y los prestados por los abogados y procuradores en el ejercicio de sus funciones de representación y defensa en juicio (art. 5.1).

Las comunicaciones comerciales, o mensajes publicitarios, a diferencia de los “buzoneos” postales, pueden ser enviadas a miles de destinatarios por correo electrónico con un coste irrisorio. No obstante, el abuso en el envío de correos electrónicos no solicitados (spam) ha hecho necesario establecer límites legales. De acuerdo con el artículo 19 LSSICE, se les aplica la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y su normativa de desarrollo, “en especial, en lo que se refiere a la obtención de datos personales, la información a los interesados y la creación y mantenimiento de ficheros de datos personales”.

En un principio, la LSSICE prohibió el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otros medios de comunicación electrónica equivalentes si previamente no habían sido solicitadas o expresamente autorizadas por sus destinatarios. Posteriormente, como consecuencia de la Directiva 2002/58/CE, de 12 de julio del 2002, sobre el tratamiento de los datos personales y la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la Privacidad y las Comunicaciones Electrónicas), se modificó esta regulación por la DF primera de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

La LSSICE prohíbe el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales, tanto a personas físicas como jurídicas, por correo electrónico u otro medio de comunicación equivalente que previamente no hayan sido solicitadas o expresamente autorizadas por sus destinatarios (consentimiento que puede revocarse en cualquier momento). No obstante, no se aplica esta prohibición cuando exista una relación contractual previa entre el remitente y el destinatario, siempre que el prestador haya obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario; que los emplee para el envío de comunicaciones comerciales referentes a servicios o productos de su propia empresa; que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente, y, en todo caso, que ofrezca al destinatario la posibilidad de oponerse al trata-miento de sus datos con finalidades promocionales (art. 21.2). Estas comunicaciones habrán de reunir, además, una serie de condiciones (ser claramente identificables como tales e identificar claramente a la persona física o jurídica en nombre de la que se realizan; cuando se trate de comunicaciones hechas por correo electrónico, o por otro medio de comunicación equivalente, deben incluir al principio del mensaje la palabra publicidad o la abreviatura publi, y si se trata de ofertas promocionales y de concursos y juegos promocionales, las condiciones de acceso y, en su caso, de participación tendrán que expresarse de manera clara e inequívoca, art. 20).

En lo relativo al comercio electrónico, suele hacerse una distinción entre comercio electrónico directo, que es el que permite que el producto o servicio se pueda contratar pagar y recibir en la Red (lo cual es posible para productos intangibles y para prestación de servicios en la Red, como por ejemplo, la venta de una pieza de música, de un libro electrónico, de un programa informático), y el comercio electrónico indirecto, en el que la contratación se realiza por medios electrónicos y el cumplimiento de las prestaciones por las vías tradicionales (la compra de ropa, la compra en línea en supermercados etc.). Para el estudio del régimen jurídico de la contratación electrónica, nos remitimos al módulo 3.

Reformas de la LSSICE

La LSSICE ha sido reformada en diferentes ocasiones: a) por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (BOE n.° 264, de 4 de noviembre); b) por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica (BOE n.° 304, de 20 de diciembre); c) por la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y redes públicas de comunicaciones (BOE n.° 251, de 19 de octubre);
d) por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la información (BOE n.° 312, de 29 de diciembre) y e) por la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

  • Abogado
    Ruyman García Castro

    Colegiado n° 44.750 del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona
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