Sociedades anónimas o limitadas especiales

Sociedades laborales y sociedades participadas
La Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas (LSLP), que deroga la anterior Ley de sociedades laborales de 1997 (LSL), permite obtener la calificación de «Sociedad Laboral» a las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que al menos la mayoría del capital social sea propiedad de trabajadores que presten en ellas servicios retribuidos de forma personal y directa, en virtud de una relación laboral por tiempo indefinido.
b) Que ninguno de los socios sea titular de acciones o participaciones sociales que representen más de la tercera parte del capital social.
Salvo que:
• La sociedad laboral se constituya inicialmente por dos socios trabajadores con con-trato por tiempo indefinido, en la que tanto el capital social como los derechos de voto estarán distribuidos al cincuenta por ciento, con la obligación de que en el plazo máximo de 36 meses se ajusten al límite establecido en este apartado.
• Se trate de socios que sean entidades públicas, de participación mayoritariamente pública, entidades no lucrativas o de la economía social, en cuyo caso la participación podrá superar dicho límite, sin alcanzar el cincuenta por ciento del capital social.
En los supuestos de transgresión sobrevenida de los límites a) y b), la sociedad queda obligada a acomodar a la ley la situación de sus socios, en el plazo de dieciocho meses a contar desde el primer incumplimiento.
c) Que el número de horas-año trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo indefinido que no sean socios no sea superior al 49% del cómputo global de horas-año trabajadas en la sociedad laboral por el conjunto de los socios trabajadores.
Si fueran superados los límites previstos en c), la sociedad debe alcanzarlos, de nuevo, en el plazo máximo de doce meses.
El órgano del que dependa el Registro de Sociedades Laborales podrá conceder hasta dos prórrogas, por un plazo máximo de doce meses cada una, siempre que se acredite en cada solicitud de prórroga que se ha avanzado en el proceso de adaptación a los límites previstos.
Ejemplo. No computa para el cálculo de este límite el trabajo realizado por los trabajadores con discapacidad de cualquier clase en grado igual o superior al 33%.
La LSLP otorga a las anónimas o limitadas la posibilidad de convertirse en laborales si reúnen los requisitos del artículo 1. Es una posibilidad, no una obligación; no se convierten automáticamente en sociedades laborales, sino que pueden hacerlo si lo desean (conversión que no se considera como transformación social). Y normalmente lo desearán, dadas las ventajas fiscales. Estas sociedades gozan, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de una bonificación del 99% de las cuotas que se devenguen por modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, por la adquisición, por cualquier medio admitido en Derecho, de bienes y derechos provenientes de la empresa de la que proceda la mayoría de los socios trabajadores de la sociedad laboral (art. 17 LSLP).
El capital social de las sociedades laborales está dividido en acciones nominativas o en participaciones sociales. Las acciones y participaciones, sean de la clase que sean, deben tener el mismo valor nominal y conferirán los mismos derechos económicos. No es válida la creación de acciones o participaciones privadas del derecho de voto.
Las acciones y participaciones de las sociedades laborales se dividen en dos clases:
a) las que son propiedad de los trabajadores cuya relación laboral lo sea por tiempo indefinido (clase laboral), y
b) las restantes (clase general).
La sociedad laboral podrá ser titular de acciones y participaciones de ambas clases.
En los supuestos de transmisión de acciones o participaciones que supongan un cambio de clase por razón de su propietario, los administradores sin necesidad de acuerdo de la Junta General procederán a formalizar la modificación del artículo o artículos de los estatutos a los que ello afecte, otorgando la pertinente escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil, una vez inscrita en el Registro de Sociedades Laborales (art. 5 LSLP).
Las acciones y participaciones, salvo previsión estatutaria en contra, pueden transmitirse libremente a los socios trabajadores y trabajadores no socios con contrato por tiempo indefinido. En este caso, el transmitente debe comunicar a los administradores de la sociedad por escrito y de modo que asegure su recepción, el número y características de las acciones o participaciones que se proponga transmitir y la identidad del adquiriente. En los demás supuestos, el propietario de acciones o participaciones comunicará a la sociedad el número, características y términos económicos de las acciones o participaciones que se proponga transmitir para que ésta traslade la propuesta en el plazo máximo de diez días simultáneamente a todos los posibles interesados (trabajadores indefinidos, socios trabajadores y socios generales), que deberán manifestar su voluntad de adquisición en un plazo máximo de veinte días contados desde que les fue notificada la transmisión proyectada.
Recibidas las ofertas de compra, los administradores dispondrán de diez días para comunicar al vendedor la identidad del o de los adquirentes, priorizándose los interesados, en caso de concurrencia, de acuerdo al siguiente orden de preferencia:
1.º Trabajadores indefinidos no socios, en relación directa a su antigüedad en la empresa.
2.º Socios trabajadores, en relación inversa al número de acciones o participaciones que posean.
3.º Socios de la clase general, a prorrata de su participación en el capital social.
4.º Sociedad.
Si no se presentasen ofertas de compra en el plazo previsto, el propietario de acciones o participaciones podrá transmitirlas libremente.
Nota. La nueva regulación no solo pretende actualizar, modernizar y mejorar el contenido de la LSL, como consecuencia de las últimas reformas del Derecho de sociedades, sino reforzar la naturaleza, función y caracterización de la sociedad laboral como entidad de la economía social. Se busca mejorar su régimen jurídico para fomentar la participación de los trabajadores en las empresas, facilitando su acceso a la condición de socio, y se incorporan nuevas medidas para asegurar el control de la sociedad por parte de los trabajadores, aumentar la utilidad de este tipo social y su elección por ellos.
Toda transmisión de acciones o participaciones, cualquiera que sea su clase y circunstancias, quedará sometida al consentimiento de la sociedad si con la misma se pueden superar los límites previstos en el artículo 1 LSLP.
El consentimiento se expresará mediante acuerdo del órgano de administración en el plazo de un mes y solo podrá denegarse si se propone, por parte de dicho órgano, la identidad de una o varias personas que adquieran las acciones o participaciones que sobrepasen los límites previstos en el artículo 1.
La transmisión de acciones o participaciones que no se ajuste a lo previsto en la ley, o en su caso, a lo establecido en los estatutos, no producirán efecto alguno frente a la sociedad (art. 6 LSLP).
De acuerdo con la LSLP, pueden lograr el reconocimiento y la consideración de sociedades participadas por los trabajadores las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que no alcancen los requisitos establecidos para las SL pero promuevan el acceso a la condición de socios de los trabajadores, así como las distintas formas de participación de los mismos, en particular a través de la representación legal de los trabajadores, y cumplan alguno de los siguientes requisitos:
a) Que cuenten con trabajadores que posean participación en el capital y/o en los resultados de la sociedad.
b) Que cuenten con trabajadores que posean participación en los derechos de voto y/o en la toma de decisiones de la sociedad.
c) Que adopten una estrategia que fomente la incorporación de trabajadores a la condición de socios.
d) Que promuevan los principios recogidos en el artículo anterior.
Su actuación debe ser diligente, leal, responsable y transparente, y deberán favorecer la generación de empleo estable y de calidad, la integración como socios de los trabajadores, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
La LSLP les conmina a adoptar políticas o estrategias de responsabilidad social, fomentando las prácticas de buen gobierno, el comportamiento ético y la transparencia (arts. 19 y 20 LSLP).
10.2. Sociedades de inversión mobiliaria y gestoras de fondos de inversión
La anónima es, en principio, un tipo social pensado para inversores financie-ros, personas a quienes poco interesa el objeto social de la sociedad y mucho la rentabilidad que las acciones pueden ofrecerle. La limitada, en cambio, es un tipo pensado para inversores industriales, personas a quienes sí interesa el objeto de la sociedad y que buscan, de alguna manera, intervenir en el desarrollo de la actividad que lo constituye. La anónima se ha convertido en prototipo de gran empresa en España y la limitada en prototipo de la pequeña y mediana empresa.

El ordenamiento mercantil contempla diferentes tipos de sociedades actuantes en el mercado a las que regula como anónimas con especialidades. Así ocurre, por ejemplo, con las sociedades de seguros o con los bancos, que son sociedades anónimas a las que se impone alguna limitación en cuanto a capi-tal mínimo, reservas obligatorias amplias, control de la gestión, etc. Vamos a realizar una breve referencia a dos de esos tipos especiales: las sociedades de inversión mobiliaria y las gestoras de fondos de inversión.
Están reguladas por la Ley de Régimen de las Instituciones de Inversión Colectiva de 4 de noviembre del 2003. Las instituciones de inversión colectiva (IIC) son las que tienen por objeto la captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos (art. 1.1 LIIC). Las instituciones de inversión colectiva deben adoptar necesariamente la forma de sociedades de inversión o fondos de inversión (art. 1. 2 LIIC).
Las sociedades de inversión son sociedades anónimas son las que tienen por objeto social el señalado en el artículo 1 LIIC, esto es, aquellas cuya actividad social consiste en invertir el patrimonio social en activos financieros o monetarios para obtener como ganancia los beneficios que tales activos produzcan. En estas sociedades son los propios socios-inversores quienes deciden las condiciones de la inversión.
Los fondos de inversión, en cambio, son masas patrimoniales formadas por aportaciones de inversores que no quieren (normalmente, porque no saben) participar en la decisión de cómo, dónde y cuándo invertir. Por ello encomien-dan la toma de tales decisiones y la actuación, gestión y disposición del patrimonio a otras entidades (las sociedades gestoras de carteras, que deben ser sociedades anónimas) que sí conocen el mercado financiero y saben cómo sacar rendimiento al fondo común. Cada una de las partes alícuotas en las que se divide el patrimonio de un fondo son las participaciones, que no tienen valor nominal pero sí la condición de valores negociables (art. 7.1 LIIC).
En los fondos de inversión el inversor no decide; la titularidad de los bienes aportados corresponde a los partícipes y la gestión e incluso la disposición de los mismos corresponden a la sociedad gestora. Ésta no se convierte en propietaria del fondo; sin embargo, tiene la facultad típica del propietario, que es la de disposición o venta del bien.

  • Abogado
    Ruyman García Castro

    Colegiado n° 44.750 del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona
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